Red Férrea Atlántico

Alcance: Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, legal, financiera, ambiental, social, predial del contrato de Concesión N°. O-ATLA-00-99 de 1999, proyecto Red Férrea del Atlántico.

Consorcio Red Férrea IJ: Joyco SAS BIC e Intecsa Colombia Internacional SAS

Cliente: Agencia Nacional de Infraestructura

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Retos
– Establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con el concesionario y la ANI, incluyendo la digitalización y archivo de documentación de forma organizada.
 
– Implementación de un sistema de Gestión de Calidad específico para la interventoría.
 
– Realizar procesos relacionados con la operación, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos y desempeño del concesionario en construcción, mantenimiento y operación férrea.
 
– Identificación y mitigación de riesgos asociados con el Contrato de Concesión.
 
– Control del manejo financiero del contrato, incluyendo revisión y seguimiento de recursos a través de la fiducia, verificación de ingresos generados, y análisis financieros.
 
– Elaboración de informes financieros y cumplimiento de obligaciones contractuales en materia económica y financiera.
 
– Supervisión de los planes de Adquisición de Predios, Gestión Social y Gestión Ambiental.
 
– Monitoreo del cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales por parte del concesionario.
IMPACTO EN LA SOCIEDAD
Impactaremos a la sociedad al asegurar de manera rigurosa el cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos para el contrato. Esto abarca desde garantizar el respeto a las leyes en materia de atención a la ciudadanía, seguimiento del trámite que da el concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la concesión y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera.
 
Nuestro compromiso es formular e implementar planes de reasentamiento poblacional, verificando el cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y la aplicación de la ”Ley Aplicable”.